Miguel Puertas – Asset Growth EAF.
En los últimos 15 años, los mercados financieros globales han sido testigos de un aumento significativo en la regulación de las empresas de servicios de inversión. Estas medidas, impulsadas por organismos gubernamentales y supranacionales, deberían tener como objetivo principal proteger a los inversores finales, promover la transparencia y garantizar la estabilidad financiera.
Sin embargo, a pesar de las intenciones subyacentes, no siempre se ha logrado mejorar el nivel de protección para los inversores. En este artículo analizamos las razones por las que, a nuestro modo de ver, creemos que el incremento en la regulación no ha supuesto una mayor seguridad para los inversores finales. Es más, en algunos casos, puede incluso generar efectos contraproducentes.
Exceso de complejidad en la regulación
Uno de los principales problemas asociados al aumento de la regulación es la complejidad que conlleva. Los marcos regulatorios extensos y detallados pueden dificultar la comprensión tanto para las empresas como para los inversores.
Directivas como MiFID II en la Unión Europea, aunque bien intencionadas, han generado una enorme carga administrativa para las empresas, lo que en ocasiones dificulta que los inversores comprendan plenamente los productos y servicios financieros que adquieren.
Cuando las normativas son demasiado complejas o extensas, los inversores finales se enfrentan a una avalancha de información técnica y legal que puede resultar abrumadora. En lugar de añadir valor y permitir una mejor toma de decisiones, esta sobrecarga de información puede llevar a la confusión y a una menor capacidad para tomar decisiones informadas.
Raros son los clientes que leen y entienden el contenido y alcance de la documentación que se les presenta a la firma.
Aumento de costes y acceso limitado
El cumplimiento normativo ha supuesto un incremento de costes muy significativo para las empresas de servicios de inversión. Estas deben invertir en sistemas de tecnología avanzada, formación de personal, consultoría legal y auditorías realizadas por terceros externos para dar cumplimiento al marco regulatorio.
Este incremento de costes se traslada a los clientes finales en forma de mayores comisiones, tarifas o menores rendimientos netos sobre sus inversiones, pues de otro modo no permitiría la supervivencia de la empresa.
De hecho, muchas de estas empresas y profesionales se han visto abocadas a fusionarse con empresas mayores o cesar sus operaciones.
Esta consolidación y crecimiento de las barreras de entrada reduce la competencia y limita las opciones disponibles para los inversores, quienes se ven obligados a trabajar con un número reducido de grandes actores que dictan términos y precios.
Enfoque en el cumplimiento formal en lugar de la protección real
Muchas regulaciones están diseñadas para garantizar que las empresas cumplan con estándares formales, tales como la divulgación de información, el análisis del impacto de incluir una inversión en una cartera de activos o la realización de evaluaciones de idoneidad, conveniencia o sostenibilidad periódicas.
Si bien estas medidas son importantes, a menudo se convierten en ejercicios burocráticos que no necesariamente reflejan una mejora en la protección real de los inversores, pues generan una cantidad de documentación tal que desincentiva no solo a entenderla, sino incluso a leerla.
Por ejemplo, la abundancia de documentos de divulgación y declaraciones obligatorias puede dar lugar a un enfoque de “marcar casillas” en lugar de una interacción significativa entre las empresas y los clientes.
En este contexto, muchas empresas priorizan cumplir con los requisitos legales y formales frente a ofrecer un servicio genuinamente adaptado a las necesidades del cliente.
Innovación limitada y productos estándar
La abundante regulación y aumento de restricciones puede frenar la innovación en el sector financiero. Las empresas, temerosas de infringir normativas complejas, tienden a evitar el lanzamiento de nuevos productos o servicios que podrían beneficiar a los inversores finales.
En cambio, se centran en ofrecer productos estandarizados que cumplen con las normativas pero que no necesariamente satisfacen las necesidades específicas de diferentes tipos de inversores o consiguen rentabilidades aceptables dado el riesgo de inversión asumido.
Este fenómeno es particularmente preocupante en un mundo donde los inversores buscan opciones más personalizadas y estrategias adaptadas a sus objetivos financieros únicos.
Si bien se siguen registrando miles de productos nuevos por año, en muchos casos no dejan de ser repaquetizaciones de productos existentes.
Los costes asociados a un producto o servicio no siempre son accesibles al inversor final. Los contratos de prestación de servicios hacen referencia a una sección de la página web de la entidad —a menudo imposible de encontrar— que podrá ser actualizada a voluntad de la entidad sin notificación al cliente y que a menudo no refleja realidades pactadas individualmente entre el cliente y la entidad.
¿De qué sirve incluir una información tan genérica y poco adaptada al cliente en cuestión?
Falsa sensación de seguridad
Un efecto inesperado del incremento en la regulación es que algunos inversores pueden asumir que todos los productos y servicios ofrecidos en mercados regulados son completamente seguros o que se han de comportar como la documentación firmada antes de la contratación indica.
Este exceso de confianza puede llevar a una reducción en la diligencia debida por parte de los inversores, quienes delegan toda la responsabilidad en las empresas y reguladores, más por desconocimiento de la industria que por voluntad.
Sin embargo, el riesgo financiero nunca puede eliminarse por completo. Aunque las regulaciones puedan mitigar ciertos riesgos, no pueden prever todas las posibles contingencias, como crisis económicas, fallos en los modelos de negocio de las empresas o limitaciones que los intervalos de confianza al 95% o 99% indiquen acerca del comportamiento de una determinada inversión.
Cuando los inversores actúan con una falsa sensación de seguridad, pueden exponerse a pérdidas significativas y a la toma de decisiones emocionales que hagan cristalizar una pérdida, no siempre pudiendo recuperarla a posteriori.
Esta circunstancia ha sido especialmente palpable durante la gran crisis financiera de 2008, las caídas de mercados de 2020 por los confinamientos del COVID o durante 2022 por la normalización de las políticas monetarias de los bancos centrales, entre otras.
Es lo que en el mundo financiero se entiende por “cisne negro”, término popularizado por Nassim Taleb.
Así, por ejemplo, para un inversor conservador que solo quiere deuda soberana europea o americana porque busca máxima estabilidad para sus inversiones y que no se ha dedicado al mundo financiero, es difícil entender una caída en su cartera de inversiones superior al 20% en el año 2022.
Eso sí, dicho inversor habrá firmado toda la documentación requerida por ley y por los departamentos de cumplimiento normativo correspondientes para la contratación de dichos productos.
Desafíos de implementación y supervisión
El éxito de cualquier marco regulatorio depende de su implementación efectiva y de una supervisión adecuada. Esto, sumado al carácter interpretativo de algunas normas, puede crear inconsistencias en la calidad de protección del inversor final.
Además, las lagunas regulatorias y la falta de coordinación entre jurisdicciones pueden generar problemas en mercados globalizados.
Los inversores finales, especialmente aquellos con carteras diversificadas internacionalmente, pueden quedar expuestos a riesgos que las normativas locales no contemplan, limitando el acceso a esos productos.
Un ejemplo aplicable a España lo encontramos cuando un cliente quiere contratar un producto americano —un ETF, por ejemplo— que no tiene la documentación fundamental en castellano. Por mucho que quiera contratarlo, si no es profesional, no puede hacerlo.
¿Quién dijo que los clientes clasificados como minoristas no sepan inglés, pero en cambio los clasificados como profesionales sí?
La necesidad de un enfoque equilibrado
Para que la regulación sea verdaderamente efectiva, debe encontrar un equilibrio entre proteger a los inversores finales y permitir que el mercado funcione de manera eficiente.
Esto implica simplificar los marcos regulatorios, priorizar medidas que promuevan la educación financiera y garantizar que las normativas se enfoquen en resultados tangibles para los consumidores.
Además, los supervisores deben colaborar estrechamente con la industria para desarrollar normativas que reflejen las realidades del mercado, limiten los abusos y permitan diseñar procesos que identifiquen irregularidades.
Conclusión
Aunque la intención detrás del aumento de la regulación es proteger a los inversores finales, a nuestro modo de ver, no se está logrando.
La complejidad, burocracia, incremento de costes, falta de innovación y la percepción errónea de seguridad son solo algunos de los desafíos asociados.
Asimismo, está restringiendo el acceso a determinados productos de inversión —fondos de terceros— a los inversores más modestos.
En muchos casos, es necesario contar con un patrimonio mínimo —banca privada— para poder invertir en productos de gestoras diferentes al custodio.
Para avanzar hacia un sistema más efectivo, es crucial repensar el enfoque regulatorio, poniendo mayor énfasis en la educación, la simplicidad y la colaboración entre todos los actores del mercado.
De este modo, se puede garantizar una protección real y sostenible para los inversores, sin sofocar el dinamismo y la competencia que hacen que los mercados financieros prosperen.